Un grupo internacional administrador de negocios financieros denunció penalmente en Buenos Aires a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, con base en el microcentro de Rosario, por un millonario incumplimiento contractual que involucró un faltante inicial de 505 millones de pesos, cifra que ahora ascendería a los 2.000 millones de pesos. La causa judicial avanza en los tribunales porteños y ya se están realizando las primeras declaraciones indagatorias contra los supuestos partícipes de la defraudación.
La mutual es parte del Grupo Unión, que es controlado por una familia de financistas locales de alta exposición mediática, y que viene de ser expuesto judicialmente por las denuncias de estibadores portuarios que los acusan de ser parte de maniobras de vaciamiento de las Cooperativas Portuarias de Puerto San Martín y de San Lorenzo intervenidas por la Justicia desde 2019. Y una hipótesis que siguen los investigadores judiciales es que la existencia de un muy fuerte descalce económico en ese grupo financiero conectaría ambas causas.
Como sea, el caso denunciado en Buenos Aires es de extrema gravedad porque involucraría la ruptura de un contrato de fideicomiso, una herramienta jurídico-contable diseñada -precisamente- para evitar este tipo de estafas y al mismo tiempo apunta contra uno de los estandartes del crecimiento financiero del Grupo Unión: los "códigos de descuento" provinciales. Y, sobre todo, expondría una situación financiera delicada del grupo mutualista.
El acuerdo inicial
El 20 de marzo de 2018 la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales acordó la venta de su cartera de préstamos a la filial argentina de TMF Trust Company, una firma global que administra negocios financieros.
Una vez cerrados los contratos de traspaso, los créditos fueron transferidos por la mutual a un fideicomiso financiero privado llamado Double Blue Argentina Crédit Turst II, que tenía como fiduciario (administrador) a la propia TMF.
"La mutual es poseedora del instrumento administrativo denominado Código de Descuento, lo que le permite debitar del salario, sueldo o haberes jubilatorios de sus asociados (tomadores de créditos) la cuota correspondiente a la amortización del crédito otorgado, mecanismo expresamente previsto y pactado en la Cláusula Décimo Primera inciso l del contrato vinculante por el cuál el comprador se quedó con la cartera de préstamos", explican los abogados Carlos Castro, Juan Frolich y Roberto Peña Pereira de Azevedo , letrados de TMF en la denuncia penal a la que tuvo acceso Rosario3.
"Según lo acordado, la mutual recauda lo debitado a los deudores de los créditos cedidos y debe transferir a su acreedor (TMF) los importes correspondientes, y de existir saldo alguno pendiente en la recaudación, la propia mutual en su rol de fiador, garante, liso y llano y principal pagador, debía completar el importe adeudado a TMF. Y sobre la base de dicho esquema comenzaron a cancelarse a mi los valores adeudados, los cuales la accionada debitaba de sus asociados", explican los abogados.
¿Y el dinero?
Pero TMF detectó que en marzo de 2020 los pagos dejaron de cumplirse, "lo cual inicialmente provocó reclamos oficiosos". Según los denunciantes, "la negativa de pago fue fundada en la cuarentena".
Para el 5 de mayo del año pasado, los denunciantes calculaban que la deuda de la mutual con ellos sumaba $66.936.211. El tema es que "la mutual seguía recaudando por débitos de descuentos que practicaba sobre los haberes de asociados beneficiarios de créditos", denuncian.
Fue ahí que empezó el cruce de cartas documentos que duró hasta mediados de agosto del año pasado. "Ante la tozuda negativa de la deudora a cumplir con sus obligaciones", según dicen los demandantes, TMF presentó pasado agosto una cautelar al juez comercial número 21 a cargo de Diego Paz Castañeda que trabe un millonario embargo contra la mutual.
"Pero la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales no acepta que todo este tiempo ha seguido debitando de las cuentas de sus asociados, jubilados y pensionados provinciales, los importes cedidos a mi mandante y que legalmente debía transferir de inmediato y adrede, a sabiendas, no lo hizo", recordaron los abogados del TMF.
A los tribunales
Y es por eso que los acreedores presentaron una denuncia por defraudación ante el juzgado criminal y correccional a cargo de la juez Alejandra Alliud. En concreto, la demanda original contra la mutual fue por $505.913.065, pero según calculan los demandantes a la fecha la suman ya casi $2.000 millones.
"Tal incumplimiento ocasiona un daño actual y potencial, no solo al legitimo acreedor, mi representada, sino que también a los propios asociados de la mutual, quienes creen de buena fe que con el débito realizado sobre sus haberes han cumplido con la obligación. Sin embargo, los importes debitados han permanecido en poder del demandado sin que éste haya concretado el pago, generando de tal forma, informes negativos sobre su comportamiento financiero, privándolos de acceder a nuevos productos por encontrarse afectados en virtud de su mora y también, permitiendo la posibilidad de que el acreedor pudiera iniciar acciones individuales persiguiendo su cobro", advierte TMF en su denuncia.
"La mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales está utilizando fondos que no le son propios, que ha debitado de cuentas de jubilados y pensionados, ejerciendo una retención indebida y utilizando a su antojo sumas que son de TMF. Y tal como he anticipado, tal incumplimiento provoca serio daño a mi mandante, vale decir el cesionario y legítimo acreedor, sino que también a los propios asociados de la mutual, quienes creen de buena fe qu. con el débito realizado por ésta sobre sus haberes, han cumplido con la obligación", agregan los abogados.
"Y mi representada, al no percibir los fondos comprometidos, no puede legalmente cancelar las cuotas de los créditos cedidos. Si no le ingresa el dinero líquido que debe transferir la mutual no puede darle carta de pago a los jubilados y pensionados ni imputar suma alguna a sus obligaciones originarias", completa en un escrito de 16 páginas.
Personaje clave
Un tema fundamental es cómo la mutual habría logrado saltar la barrera del fideicomiso, que dejó en manos de TMF la administración de los créditos cedidos. Los denunciantes apuntan que lo podría haber logrado a través de la persona designada para el cobro a un contador porteño que se llama Adalberto Oscar Perraud.
En concreto, los denunciantes le imputan la posible comisión del delito de administración fraudulenta al haber violado los deberes a su cargo perjudicando los intereses de TMF al no entregarle a esta el dinero percibido por los créditos, cuyos derechos habían cedido a TMF y haber convenido con los directores de la mutual el desvío del dinero percibido por ésta en razón de dichos créditos a Grupo Unión SA que habrían sido utilizados para abonar deudas previamente adquiridas por la sociedad.
Doble riesgo
El escándalo en el que quedó involucrado el Grupo Unión estalla justo cuando el gobierno provincial puso en la mira a las mutuales que le prestan a jubilados y pensionados vía códigos de descuentos a altas tasas de interés. En efecto, en lo más alto de la Casa Gris vienen trabajando, en diálogo con el Banco de Santa Fe, en la búsqueda de mecanismos para "limpiar" los recibos (de activos y pasivos) de los préstamos en condiciones pocos ventajosas que ofrecen algunas mutuales con "códigos de descuento". ¿Este caso podría, decididamente, apurar los tiempos para la realización de la tareas de limpieza?
Pero, sobre todo, esta denuncia de TMF pone en el centro de escena al estado financiero del Grupo Unión. Es que el incumplimiento de los contratos arranca hacia marzo/abril del año pasado justo cuando empezarían las presuntas maniobras de vaciamiento de las cooperativas portuarias denunciadas por los estibadores al moverles, con aval de los interventores, los millonarios fondos que tenían depositados en el Banco Nación para colocarlos en la mutuales del Grupo Unión.
¿Hay una la conexión entre ambos casos? ¿Cuál? ¿Estaban queriendo tapar el faltante con TMF generando dinero en base a los fondos conseguidos de la cooperativa? ¿O fue al revés? Y las fechas no son un tema menor: es que la corrida financiera de mediados/finales de 2019, que hasta incluyeron el famoso reperfilamiento de letras y una devaluación de más del 30%, dejaron tecleando a muchas financieras de la ciudad con posiciones abiertas en pesos. Y, finalmente, la pregunta más importante: ¿Adónde está la plata? ¿Se la usó para pagar otras deudas del Grupo Unión? Interrogantes que la Justicia deberá ahora responder.
