Ante la reiterada falta de inversiones y cumplimiento de las obligaciones contractuales y atravesada por conflictos laborales, la concesionaria de los muelles I y II del puerto de Rosario, la empresa TPR, fue corrida esta semana del directorio del Ente de Administración y Control (Enapro) y su lugar lo ocupará la concesionaria de los muelles VI y VII del puerto, la empresa Servicios Portuarios (Sepor). Y esa no es la única novedad en el directorio del Enapro: por primera vez la Bolsa de Comercio de Rosario ocupará un asiento en representación del sector de la producción. El arribo de la principal entidad empresaria del interior del país al ente portuario refuerza su institucionalidad, sobre todo para atravesar momentos de alta tensión con TPR.
En la última reunión del directorio del Enapro se decidió que Juan Manuel Ondarcuhu, el titular del grupo Servicios Portuarios (Sepor), que tiene la concesión de los muelles VI y VII del puerto de Rosario, ocupe el asiento en el directorio en representación de las empresas concesionarias. Carlos Bello, director de TPR y enviado por la firma al Enapro, buscó hasta último momento quedarse un período más, pero sus pares prefirieron que el ejecutivo no siga y que deje su lugar a Sepor.
La decisión del directorio -integrado por exportadores, importadores, productores, transportistas, proveedores de servicios, trabajadores, concesionarias, funcionarios provinciales y municipales- tiene alto impacto porque por primera vez desde la fundación del órgano de control, a mediados de los 90, ese asiento no lo ocupará la empresa concesionaria de los muelles I y II (que desde 2032 es TPR, firma que en la actualidad está enfrentada con el Enapro por la falta de cumplimiento de obligaciones contractuales, como inversiones en infraestructura).
En efecto, la mitad de los muelles que tiene TPR no pueden ser usados por riesgo de derrumbe ante la falta de obras de fondo y de mantenimiento. Pero mientras que la empresa quiere que más de la mitad del costo de la infraestructura necesaria la abone la Provincia y que el porcentaje que invierta la empresa sea compensado con varias décadas de extensión de la concesión (que termina en 2022), el Enapro puja para que el grueso de la millonaria inversión corra por cuenta de la empresa concesionaria, que además debe ponerse al día con las obligaciones contractuales.
El Enapro le notificó a TPR su decisión de correrla del directorio en la previa a la extensa reunión que mantuvieron las partes en conflicto en Buenos Aires. En un maratónico encuentro que fue presidido por la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, TPR y el gremio (Supa) no lograron un entendimiento y por eso el paro y los piquetes en el puerto siguen este miércoles y por tiempo indeterminado. La toma del puerto se inició el martes luego de que la firma solo pagara el 50% del sueldo de noviembre al 50% del personal.
En lo más caliente del encuentro de ayer, TPR llegó aceptar reabrir las paritarias para llevar el aumento salarial del 60% al 100%, como pide el sindicato, pero a condición de despedir 500 estibadores (casi la mitad de los que emplea), una rebaja en el canon que le paga a la Provincia y la extensión de 6 a 8 horas de trabajo sin mayor retribución, condiciones que ni el gremio ni el Enapro (que cobra el canon) aceptaron. Como las partes se pusieron firmes, el entendimiento no llegó.
El conflicto seguirá escalando en las próximas horas porque en el gobierno nacional quedaron muy desconformes con la actitud de TPR, a que le acusan de no querer invertir y que todo el financiamiento salga de las arcas públicas. Por eso en las próximas horas se iniciarán operativos de auditoría de Afip y Ansés que pueden complicar a la empresa ya que, según el Supa, estuvo haciendo descuentos a trabajadores sin tener un procedimiento preventivo de crisis homologado; lo que expone al directorio a denuncias penales.
Por su parte, al mediodía habrá una asamblea de estibadores de las que saldrá la decisión de incrementar las protestas (marchas) y hasta suena que pueda haber un paro nacional de estibadores a raíz del conflicto. Desde la empresa -que controlan Vicentin y los chilenos de Ultramar- se advirtió que la parálisis por la extensión de la huelga perjudicará el futuro del puerto porque las navieras toman distancia de los muelles conflictivos.
Desembarco de peso
El recambio de TPR (concesionaria de muelles para cargas generales y contenedores) por Sepor (concesionaria de los muelles graneleros) no es casual: a diferencia de la primera, el grupo de Ondarcuhu viene de concretar una fuerte inversión en los muelles, obra inaugurada durante la gobernación de Miguel Lifschitz.
Y que sea el propio presidente de Sepor -un grupo de capitales bonaerenses que también tiene la concesión del puerto de Villa Constitución- y no uno de sus gerentes también tiene alto significado institucional y político.
No sólo por la importancia que le otorga al directorio al asumir un empresario con importante peso propio sino porque Sepor no camina por las mismas veredas que TPR. Todo lo contrario: como vecinos linderos tuvieron varios cruces (por ejemplo, en el paso de líneas ferroviarias o por futuros usos de terrenos hoy vacantes), sobre todo en el tiempo en que TPR, de la mano de Vicentin, estuvo en fase expansiva entre 2012 y 2019.
Y como los directores del Enapro responden con su patrimonio personal sus decisiones, Ondarcuhu -un empresario millonario- no prestará su firma a cualquier tipo de requerimiento que haga TPR o dispensa que se le quiera otorgar que luego pueda ser observada en la Justicia. En otras palabras, TPR no tendrá dentro del directorio del Enapro un aliado; justo en su momento en que a raíz de los sucesivos incumplimientos contractuales su continuidad está en la mira.
¿Por qué el asiento para los concesionarios siempre lo ocupó la operadora de los muelles de cargas generales I y II, que son menos importantes en términos económicos que la de los muelles cerealeros VI y VII? Es que cuando a principios de los noventa Nación descentralizó en las provincias los terrenos portuarios (fue ahí que se crearon los entes como el Enapro para administrarlos), los muelles VI y VII ya estaban concesionados a Sepor (y por ende bajo control del autoridades nacionales) mientras que los de la I y II no tenían operadores privados y quedó en manos de Santa Fe (a través del Enapro) la misión de concesionarios. El traspaso de la titularidad de la tierra de las unidades VI y VII (y por ende la injerencia sobre esos muelles y sus operadores) de Nación a Provincia fue bastante posterior.
Como sea, la llegada al directorio del Enapro es el primer lugar institucional que Ondarcuhu tendrá en Rosario, pese a que desde hace décadas es uno de los principales inversores. Es que además de ser el titular de las concesiones portuarias en la zona sur de la ciudad (que son las que más mueven granos sólidos en todo el Gran Rosario) también tenía los terrenos de las unidades I, III y IV -ubicadas en el centro norte de la ciudad- que en las últimas décadas fueron desafectados para su urbanización sobre la avenida de la costa.
Fue así que Sepor pasó de operar muelles a convertirse en un desarrollador inmobiliario en la zona más cotizada de la ciudad. En la actualidad, por caso, Sepor tiene los desarrollos de las torres Maui en el corazón de Puerto Norte y es propietaria de todos los estratégicos y cotizados terrenos entre los complejos Forum y Metra por avenida Carballo al 500.
El turno de la Bolsa
La otra novedad de importancia en el directorio del Enapro fue el ingreso al directorio por primera vez en la historia de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien por su peso específico le suma fortaleza y representatividad institucional al ente de control.
La participación de la Bolsa es parte de la estrategia de la actual conducción, que encabeza Miguel Simioni, de tender más lazos y conexiones con todo el tejido institucional económico público y privado regional saliendo de su “zona de confort”, que es el mercado cerealista.
En efecto, la entidad bursátil tiene en su ADN fundacional seguir de cerca las cuestiones logísticas y portuarias pero en las últimas décadas se ancló en el complejo portuario privado aceitero del Gran Rosario mientras que los muelles I y II se volcaron a las cargas generales. Y en el caso del Enapro, si bien históricamente siempre hubo muy buenas relaciones técnicas, a lo largo de los años se manejó con prudente distancia de las distintas conducciones políticas que tuvo.
Pero ahora la situación es distinta. Por el lado de la Bolsa, la entidad -que pregona un lema de “puertas abiertas”- busca una integración mayor con todos los actores de la economía local, y por eso aceptó la invitación del Enapro.
Pero además, su arribo también marca una señal de apoyo a la dirección tomada por la actual administración, que encabeza Guillermo Miguel, que recuperó las funciones de serio control del organismo. Tener a la Bolsa adentro significa un respaldo extra a las decisiones de todo tenor que tome el directorio del Enapro ya que la entidad analizará muy a conciencia cada paso antes de estampar su firma.
Hasta ahora el asiento para los productores lo ocupaba la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfé), que en Rosario tiene como base a la Sociedad Rural de Rosario. Precisamente, la presidenta de la Rural, María Soledad Aramendi, era la directora en el ente y ante su decisión de no renovar atento a sus múltiples compromisos se generó el espacio para que el sillón lo use la Bolsa.
