La Inspección General de Justicia (IGP) resolvió esta semana que la compra, venta y alquiler de propiedades a través de la franquicias Remax es una actividad ilegal y por eso ordenó la inmediata disolución y liquidación de la empresa. Pero para Remax se trata de otra embestida infundada de los operadores inmobiliarios, y -por medio de un comunicado oficial- informó que apelará la decisión y que seguirá prestando servicios a sus clientes con normalidad.
Con esa resolución, el Ministerio de Justicia de la Nación hizo lugar a un reclamo del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires que nacionalizó un reclamo que los operadores venían realizando en distintas partes del país, por ejemplo en Rosario.
La disputa está en torno a la legalidad del régimen de franquicias y subfranquicias sin corredores matriculados al frente de cada una que utiliza la empresa Remax Argentina SRL para expandirse por todo el país .
Ocurre que en Estados Unidos, país de origen de Remax, la actividad inmobiliaria se concibe de una manera diferente a la Argentina. Allá existen tres niveles para trabajar: broker, agente y asistente. La responsabilidad es siempre del broker pero quienes forman parte de los otros dos niveles no necesitan título habilitante. En Argentina, en cambio, la ley equipara el agente y el corredor inmobiliario, que debe tener título universitario, por lo que no existe el agente independiente. Es por eso que los corredores locales sostienen que lo que hace Remax de abrir franquicias por todo el país con agentes independientes (no matriculados) al frente es ejercicio ilegal de la profesión.
Es por eso que en Rosario el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad viene desde hace años batallando el caso y sancionando a distintas franquicias independientes que están instaladas. Incluso, cinco casos llegaron a la Justicia, todos con resoluciones favorables al Colegio. Es más, hasta la Cámara Penal falló a favor, quedando ahora la resolución final de la Corte Suprema. Para explicar la avanzada, los corredores locales sostienen que no hay una cuestión de competencia empresarial o comercial como están queriendo hacer ver sino que es cuestión de proteger a la sociedad y no burlar el espíritu de la ley.
La novedad de la embestida del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires es que no va, como en el caso local, contra cada empresa titular de una franquicia, sino que apunta contra la empresa madre que distribuye en el país las franquicias. En efecto, la denuncia es diréctamente contra Remax Argentina SRL, firma que tiene el uso en el país de la marca estadounidense Re/Max.
Es por eso que la lectura que estas mañana se realizaba en las cámaras inmobiliarias de la ciudad y el Colegio de Corredores es que se trató de una resolución histórica contra la empresa madre y si queda firme caerá definitivamente todo el régimen en el país. Y si bien no califican a la resolución como un golpe de KO, sí estiman que representó un muy duro topetazo contra el sistema de Remax. Es más, resaltan que ahora la empresa tendrá que accionar contra la IGP, que representa un contrincante de mucho mayor peso que el que suponen las embestidas de los colegios profesionales.
Según la resolución, a la que tuvo acceso Rosario3, los corredores porteños sostienen que los titulares de Remax Argentina no son corredores matriculados y que la empresa tampoco está inscripta para ejercer esa actividad.
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"La Ley 20.266, reformada por la Ley 25.028, establece para el ejercicio de las actividades de remate o corretaje en la República Argentina, entre otras exigencias, como condición habilitante de la inscripción en una matrícula especial en la jurisdicción correspondiente, la de que las personas humanas que se propongan realizar tales actividades cuenten con un título universitario expedido o revalidado en la República", sostienen la denuncia. "La exteriorización de la marca 'Remax' por parte de esas subfranquiciadas genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a la franquiciante, permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma, en forma directa", agrega.
En una resolución de 23 páginas, la IGJ entiende que la entidad estadounidense "ejerce indirectamente le corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los numerosos subfranquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar, contributivo del uso de la marca 'Remax'".
Tras conocerse la resolución en su contra, Remax Argentina emitió un comunicado en el que “rechazan enfáticamente” la denuncia. “Es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max. Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario", asegura la empresa.
"Esta acción es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados", agregó Remax. "Este accionar evidencia la clara intencionalidad de los colegios, que sin importar el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, buscan afectar la fuente de ingresos de más de 5000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias en todo el país", concluye el comunicado de la empresa.
