Pese al show que generó en las redes sociales y en la prensa, la decisión del gobierno nacional de disolver la Afip tiene nulo impacto en la vida diaria de los contribuyentes y tampoco avanza en mejoras en la administración impositiva.
Pero sí genera un fuerte ajuste en la estructura y pone sobre la mesa una fuerte distorsión: los millonarios sueldos que se cobran en los entes autárquicos, superando ampliamente lo que se pagan en el Poder Ejecutivo, incluso a ministros y presidentes
En efecto, la decisión del gobierno de eliminar la Afip no significa la eliminación de impuestos, la simplificación de trámites o la reducción de carga administrativa para los contribuyentes. En definitiva, no baja la carga fiscal sobre particulares y empresas. Tampoco, pese a que así lo quiso hacer ver la oposición política, conlleva la reducción de controles impositivos, que siguen igual.
Incluso, no conlleva mejora alguna en el trabajo de los contadores, más allá que es de esperar que el cambio de esquema (sobre todo, la transición) genere todo tipo de demoras administrativas, sobre todo si en el medio hay conflicto gremiales por el ajuste. Es más, los gremios ya avisaron que enfretarán con acciones los recortes y está el riesgo de la judicialización.
El gobierno pretende mostrar que al achicar un 30% la estructura, la nueva agencia -que tendrá dos divisiones: impositiva (DGI) y aduanera (DGA), y no tres como Afip, que también tenía la previsional- será más eficiente.
Pero una mirada más detallada no encuentra el conector entre que haya menos estructura y una mayor eficiencia cuando no cambian los procesos. Puede eliminar “kioscos” del personal cesante (por ejemplo “gestorías” para la realización más expedita de trámites) y seguramente bajará el gasto del Estado.
Ocurre que tener una estructura centralizada -como fue la Afip- o una más descentralizada (como eran antes de 1996 entre con dos direcciones separadas, Aduana y DGA) no determina la eficiencia de los controles impositivos.
La administración, para mejorar su performance (dejando afuera las decisiones políticas y los casos de corrupción) requiere de cuestiones fundamentales, y que pueden calzar bien tanto en estructuras centralizadas o más pequeñas. ¿Por ejemplo? Se necesita una fuerte inversión en tecnología (y en recursos humanos para operarla, que se los termina llevando el sector privado) que mejore controles y al mismo tiempo no sea un escollo para el contribuyente y un drama para los contadores, que sufren cada caída del sistema en tiempos de vencimientos.
Tampoco se puso sobre la mesa con este cambio mejoras en los esquemas, por ejemplo, armando unidades bien preparadas y equipadas que se focalicen en el seguimiento de grandes contribuyentes, que representan el 80/90 por ciento de la recaudación.
Lo que sí puso sobre la mesa el gobierno nacional con la disolución de la Afip son los abultados sueldos que se pagan en los entes autárquicos o descentralizados, que superan ampliamente los salarios de secretarios, ministros y hasta del propio presidente. Por caso, la actual titular de la Afip cobra $32 millones al mes. Con la decisión del gobierno nacional, a este grupo de funcionarios -que entran en un gobierno y se quedan luego como elencto estable, pero fuera de convenio- se les pone un tope salarial: no podrán ganar más que un ministro. ¿Cuántos son? Unas 30 personas en el país.
Esto no ocurre solo en Afip, también pasa en el Banco Nación, con gerentes cobrando más que directores. Y también en la Provincia -con empleados del Ente Administrador del Puerto de Rosario cobrando más que un ministro- o en la Municipalidad de Rosario, con ejecutivos del Banco Municipal teniendo mejores sueldos que el intendente.
Quienes quedan al margen, al menos hasta ahora, de los ajustes, es el personal de planta bajo convenio, que también cobra muy buenos sueldos. Al no estar ni entre los no agremiados que dejó como herencia el gobierno K, ni entre los sueldos más altos que son los cargos políticos directivos que rotan con cada gobierno, el personal en relación de dependencia de la dirección general impositiva y la dirección general de Aduana no sufre cambios.
Queda, eso sí, sin definiciones, qué pasará con el personal que estaba en la dirección previsional (control de empleo registrado y aportes jubilatorios), que puede quedar -como tarea- en otra área del Estado o ser absorbida dentro de la Direccion General Impositiva (DGI)
Ponerles topes a los sueldos más altos y también iniciar el camino para desafectar a los 3.100 empleados que dejó en planta permanente el gobierno de Alberto Fernández, en su mayoría no profesionales (en Afip Rosario ingresaron hasta maestras del jardín de infantes) es una estrategia que está en línea con el electorado de Javier Milei y con el clima de época, y también supone cierta justicia tributaria para con la castigada ciudadanía.
Y si bien lo central de la medida es la reducción del gasto público y el achique de estructuras, en los corrillos políticos también hubo un análisis más político sobre la génesis de la disolución de la Afip: lograr el control de la Aduana.
En rigor, el gobierno no terminó de correr a la estructura que dejó el gobierno saliente en un área tan clave como el control de la Aduana (que además fue blanco de muchas y serias denuncias durante el gobierno de Alberto Fernández por coimas a cambio de apurar y habilitar trámites de importación) y con la disolución de Afip, el cambio de funcionarios y el retiro de mucha gente parece poder poner definitivamente un pie en la Aduana.
¿Cómo esconder un elefante? Poniéndolo en medio de una manada de elefantes.
