Las grandes fábricas de biocombustibles, que son multinacionales vinculadas a los traders cerealeros, salieron a apoyar la desregulación del mercado que propone por ley el gobierno de Javier Milei, pero buscan que no se le suban impuestos y que se garantice por ley el corte obligatorio con las naftas y el gasoil.
En el negocio del biocombustible conviven las grandes fábricas -integradas con las aceiteras, que producen el principal insumo para su elaboración- con empresas grandes de capital argentino que no están vinculadas a las aceiteras.
Hacia mediados de los 2000, cuando empezó la producción en serie del biocombustible, el gobierno nacional dictaminó una regulación que al tiempo que exigía un corte obligatorio del bio con las naftas y el gasoil (por lo que las petroleras estaban obligadas a comprarlo) regulaba el sector estableciendo que las fábricas nacionales abastecerían el mercado interno (con cuotas fijadas y precios definidos por el Estado) mientras que las internacionales se ocuparían del mercado interno. Además, prohibía a las petroleras tener sus propias plantas de bio.
Apoyada en su eficiente producción aceitera, Santa Fe se convirtió así en la principal productora de biocombustible en base a acite de soja. En la actualidad, representa el 80% de las exportaciones y el 64% de la producción, con 19 de las 33 plantas que hay en el país instaladas en la provincia.
El modelo regulado funcionó bien hasta finales de esa década, pero luego la situación se empezó a tensar entre las partes cuando los mercados externos se cerraron (por las políticas proteccionistas de Estados Unidos y Europa) provocando que las grandes fábricas empezaron a tener mucha capacidad ociosa, y por eso empezaron a batallar para que se les permita abastecer a las petroleras argentinas, convencidas de que podían vender a mejor precio el bio que las empresas argentinas, que se defendían diciendo que ellos tenían más costos porque las aceiteras extranjeras les vendían más caro ese insumo. También denuncian que YPF, aprovechando su posición dominante, les vende el metanol (otro insumo clave) a un valor 140% por encima del precio global.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ley se actualizó pero manteniendo el esquema regulador vigente. Y ahora el nuevo gobierno pretende desregular el mercado, eliminar los cupos y los precios fijados y permitirle a las petroleras importar y fabricar su bio. Las cámaras que reúnen a las empresas nacionales ya pusieron los tapones de punta y ahora se pronunció la cámara que reúne a las grandes multinacionales (Carbio) que apoya algunos puntos y reniega de otros.
"Carbio apoya los mecanismos de competencia introducidos en Proyecto Ley del Poder Ejecutivo Nacional- Sección IV – Ley N° 27.640, Biocombustibles, enviado al Congreso el pasado miércoles 27 de diciembre, en cuanto a la derogación del establecimiento de precios, distribución de cupos de abastecimiento a productores por parte de la autoridad de aplicación y otras intervenciones de mercado establecidas en la actual ley 27.240, mediante las cuales se impedía la posibilidad que todos los actores de la cadena pudieran participar en el abastecimiento de biodiesel para el corte en el mercado interno", sostiene un comunicado de la entidad.
"Esta apertura seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor", agrega Carbio. "Pero entendemos que este proceso es similar al que llevan a cabo el resto de países en la región y el mundo, pero remarcamos algunos puntos que se deberían considerar en la redacción final", agregan.
Sobre la libre importación de biodiesel o materias primas para la elaboración de biodiesel, ahora permitidas, piden que se cuente con la debida cláusula de reciprocidad con el resto de los países en cuestión.
"Entendemos importante se introduzca una política d. “convergencia” con el Mercosur en cuanto a los mandatos de biocombustibles (especialmente con Brasil) en virtud de la integración y similitud que se pueda tener en el parque automotriz, y agroindustrial, por lo cual se puedan establecer cortes obligatorios de Biodiesel del 14% para este año 2024 y elevarlo al 15% para el 2025, pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo (en casos excepcionales y justificados) del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas a adoptarse", señalan.
"Se debería corregir asimismo en el proyecto de ley, el artículo que elimina la no gravabilidad de los biocombustibles sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), establecido en la actual ley 27.240, hecho que igualaría a los biocombustibles con los combustibles fósiles en cuanto al objeto de estos impuestos, que es precisamente gravar aquellos combustibles que más contaminan y promover de ese modo una matriz energética más limpia sin premiar a los biocombustibles menos contaminantes que los reemplazan", explica Carbio.
"Consideramos que este punto se debe modificar de modo tal de reconocer taxativamente el aporte a la reducción de CO2 que realizan los biocombustibles. Esto sin desmedro que se pueda introducir a futuro un mercado de créditos de Carbono que premie las inversiones en reducción de emisiones que cada compañía o sector pueda realizar", sostiene Carbio.
En ese marco, el presidente de la entidad, Luis Zubizarreta, considero que “es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre. Esa situación merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país. El proyecto de ley actual soluciona esta inequidad, le dará al consumidor un biocombustible de calidad y a precios razonables, promoviendo una industria competitiva y sustentable”.
"Las empresas socias de CARBIO representan el 70% de producción de biodiesel en Argentina, y el 100% de las exportaciones argentinas. El sector emplea a 3500 personas directamente, pero sumando a la industria de la molienda de soja se llegan a 22.500 directas y 53.500 indirectas. Sin embargo, con el actual marco normativo, no permite la competencia y las empresas exportadoras tienen prohibido abastecer el mercado interno y por lo tanto se pierde la posibilidad de desarrollo tecnológico y de escala que permita tener biodiesel de mejor calidad a precios más competitivos para el consumidor argentino", concluyó Zubizarreta.
Este lunes, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, junto con el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, serán recibidos por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y funcionarios de la secretaría de Energía de la Nación para llevar la postura oficial sobre el tema. Serán de la partida funcionarios de las otras provincias vinculadas a los biocombustibles, como Córdoba y Tucumán. Allí pedirán que no se elimine el corte, que no le suban impuestos y que, por el contrario, se suba el porcentaje que deben comprar las petroleras entendiendo que si aumenta la demanda habrá mercado para grandes y medianas.
Luego del encuentro, que se realizará a las 10, los funcionarios santafesinos se reunirán con los legisladores nacionales para informar el resultado de la gestión. El martes, en tanto, diputados y senadores nacionales por Santa Fe de los distintos bloques se reunirán para intentar formalizar una propuesta en común y en ese mismo día el bloque de Unión por la Patria recibirá a las empresas medianas argentinas para tomar en cuenta su postura, ya que en ambos lados coinciden en rechazar la desregulación y protección para las pymes hoy vigente.
