Con la presentación de un nuevo articulado al capítulo de los biocombustibles dentro de la “ley ómnibus” que dispone un aumento en el corte obligatorio con las naftas, frente a la idea original de dejarlo sin efecto, el gobierno nacional dejó la pelota en el lado de las provincias.
En concreto, ahora se propone aumentar el corte en combustibles de biodiésel del 7.5% actual a 10% y luego al 15%, mientras que en bioetanol se respeta el 12% y luego pasa a 18% con el objetivo de 27%. ¿Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán apoyan o no esta nueva versión? ¿Darán mandato a sus legisladores nacionales para que lo aprueben?
Respuestas a esos interrogantes es lo que buscarán en las próximas horas las fábricas argentinas de biodiesel que no son parte de grupos aceiteros ("no integradas", en la jerga), en su mayoría instaladas en la provincia, que son las principales opositoras al nuevo esquema que impulsa Nación. ¿Por qué lo rechazan? Ocurre que si bien el nuevo borrador que acercó el gobierno dispone un fuerte aumento del corte (impulsando así la demanda del bio por parte de las petroleras) no se mueve del espíritu central del los cambios: la desregulación del mercado.
En efecto, el punto fundamental del proyecto oficial es terminar con el sistema de cupos y precios regulados con el que el Estado le garantiza a las empresas argentinas no integradas a aceiteras la exclusividad de venta a las petroleras para el corte obligatorio estableciendo una libre competencia por el negocio. Y la posibilidad de cualquier productor de ofertar por el bio que demanden las petroleras se mantiene inalterable en el nuevo borrador.
Por el contrario, las grandes fábricas (integradas a las aceiteras, y en su mayoría de capital internacional, aunque también están las grandes argentinas como AGD y Molinos Agro) pugnan para que se desregule para así poder competir por la demanda de las petroleras asegurando que pueden ofrecer mejor precio y calidad, y por eso festejaban la desregulación que se impulsa.
"Todas las empresas elaboradoras tendrán derecho a participar en los mercados de producción y suministro de biocombustibles tanto para el mercado interno como para el de exportación", dice el articulado.
Incluso, en su presentación de ayer en la Cámara de Diputados para defender la “ley ómnibus”, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, fue particularmente duro contra el esquema de cupos fustigando el sistema que los repartía y les aseguraba negocios y precios a las empresas argentinas. “A veces cerrarán pymes y a veces abrirán pymes”, dijo.
Igual, el funcionario dejó alguna puerta abierta dejando entender que tampoco está cerrado el borrador al decir que "se va a contemplar" la situación de las no integradas. "La Autoridad de Aplicación promoverá la competencia equitativa entre las empresas elaboradoras y asegurará en la normativa complementaria a la presente que ninguna empresa esté en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor en función de su grado de integración vertical u horizontal" se agrega en el nuevo borrador.
Y si bien se habilita la participación de las empresas integradas en el mercado interno, le limita la participación a un máximo del 14 % del mercado. Igual, como hay seis grandes exportadoras si cada uno llega al 14% se quedan con casi el 90%% del mercado. Y sobre la posibilidad de las petroleras de fabricar su propio bio, algo que la ley actual prohíbe, se les abre la puerta (como en el plan inicial) pero con algunas condiciones. "Cuando la mezcla obligatoria de biocombustible supere 18 %, las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos estarán autorizadas a participar en el abastecimiento del volumen excedente, conforme a lo establecido por la presente ley. Para el caso del bioetanol, la participación en el mercado de abastecimiento de la mezcla obligatoria no podrá ser superior al 15%”, dice el articulado.
El tema es que cuando las provincias bio -lideradas por Santa Fe- llevaron esta semana sus quejas al ministro del Interior, Guillermo Francos, plantearon su rechazo a que el proyecto elimine el corte obligatorio y que además quede a voluntad del Poder Ejecutivo la definición de imponerlo y graduarlo.
Pero la cuestión de quitarle a las empresas argentinas la exclusividad apareció, al menos públicamente, como una crítica más solapada. Se habló de “defender derechos adquiridos”, pero ninguna provincia se embanderó, a diferencia de sus legisladores que -desde distintos bloques en Santa Fe- fustigaron el ingreso de las multis a competir. Es por eso que ayer los funcionarios nacionales presentaban al nuevo articulado como uno respaldado por las provincias.
Así que ahora la pelota está del lado de las provincias, y el lobby cruzado entre empresarios (multis y nacionales) se concentrará sobre los gobernadores. Por lo pronto, en el gobierno de Santa Fe fueron bien recibidos los cambios, pero no hubo hasta ahora pronunciamiento oficial sobre si con eso les basta.
Además, la decisión de subir el corte puede dividir el frente de rechazo multipaltidario que, al menos en Santa Fe, generó la redacción inicial, haciendo así que legisladores más cercanos al oficialismo nacional y más reactivos a las regulaciones estatales, se corran de la visión opositora. Por lo pronto, ya hubo legisladores cordobeses que ya se manifestaron a favor como Luis Picat.
Con todo, los empresarios en disputa -de uno y otro lado del mostrador- están convencidos de que la definición sobre la ley de ómnibus no se dirime en la discusión caso por caso, como puede ser el de los bio, y apuntan a los acuerdos en la alta política entre Nación y Provincias por un tema central: el reparto de dinero, tanto por coparticipación, Ganancias, obra pública, etc.
