El gobierno nacional no incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso a la prórroga de la ley de biocombustibles que vence en mayo. Y como esa norma ordena y regula el negocio, hay mucha incertidumbre y preocupación en las fábricas. Es más, que haya quedado fuera de lista tomó por sorpresa a los industriales porque tenían el compromiso oficial de que iba a ser incluida para tratamiento de Diputados, por tener ya la media sanción del Senado de la mano de legisladores kirchneristas.
El caso es que ahora, además de no tener una explicación de las razones del cambio, queda abierto el riesgo de que en caso de que se realicen cambios, que luego deberían volver a Senado, no sólo todo sería contra-reloj sino que tendrían menos margen de tiempo para accionar si las modificaciones les juegan en contra. Y esa no es una hipótesis desacertada porque el lobby de las petroleras, que no están nada a gusto con la normativa que se busca prorrogar, está muy activo en Diputados.
A las petroleras no les sienta bien que el Estado les fije el precio del bio que deben comprar para el corte con el gasoil y las naftas, pese a que el gobierno viene retrasando las actualizaciones de esos valores.
En mayo, vence la ley 26.093 promulgada en 2006 que estableció que el corte obligatorio (fijado por el gobierno) del biodiesel en el gasoil y el bioetanol en las naftas tiene que ser comprado por las petroleras (a precio regulado oficialmente) a las empresas que no están integradas a las aceiteras, como es el caso de los gigantes internacionales. Ese mercado interno regulado permitió el surgimiento de una entramado de empresas argentinas y el sistema funcionó muy bien para las industrias locales, que principalmente se instalaron en Santa Fe y Buenos Aires- hasta hace unos siete años cuando el gobierno, en un marco de disparada inflacionaria, empezó a pisar el precio del biodiesel supuestamente para bajarle costos a las petroleras y quitarle así presión al precio de los combustibles en el surtidor.
Esa ley se vence en mayo. Si bien las cámara empresarias –con apoyo de los legisladores nacionales de las provincias “bionergéticas”- empezaron a armar hacia 2019 un proyecto de ley superador para las empresas, ya que –por ejemplo- independizaba el ritmo de las actualizaciones de precio de venta a petroleras del secretario de Energía de turno. Pero, pandemia de por medio (más otros intereses que jugaron en contra) se acortaron los tiempos y hacia fin de año se aprobó una prórroga por 4 años en el Senado nacional.
Como dato, el proyecto fue impulsado por la senadora María de los Ángeles Sacnum, que además de ser representante de la provincia de Santa Fe es del círculo de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández en la Cámara alta. No en vano la aprobación (en comisión y recinto) fue un mero trámite hasta con mínimas intervenciones de los senadores de las provincias petroleras, de quienes se esperaba alguna oposición.
Con ese ok en la mano, la prórroga llegó a Diputados y, por lo cargado de la agenda parlamentaria, los empresarios descontaban que la aprobación sería sobre las últimas sesiones del año y con votación favorable pero dividida.
Fue así que al final quedó para ser tratado sobre tablas en la última sesión del 29 de diciembre porque no daba el tiempo para recorrer las comisiones. Es más, una semana antes de esa sesión los grupos técnicos en energía del Ministerio de Producción se expidieron a favor de la prórroga. En rigor, el ministro Matías Kulfas impulsa un nuevo proyecto pero, como los tiempos apuraban y esperaba que salga con pleno consenso, dio su visto bueno para la prórroga para tratar con más tiempo la nueva normativa.
Pero el 28 de diciembre en la reunión de Labor Parlamentaria, el tema quedó fuera de agenda para la sesión del día siguiente. Ahí las versiones sobre la autoría de la decisión no coinciden. Algunos apuntas a Máximo Kirchner y otros a Sergio Massa. Con todo, el argumento fue que había temas muy calientes (como la movilidad jubilatoria) que podrían complicar su tratamiento y fue ahí que el propio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que tenía el aval del Poder Ejecutivo para que el proyecto sea tratado en las primeras sesiones extraordinarias.
Pero ese lunes, al publicarse el decreto con el llamado a extraordinarias, la prórroga no estaba. En rigor, a los empresarios ya les habían avisado el viernes la novedad sin una explicación certera de lo ocurrido. En principio, esta semana se realizaría la primera sesión, pero tampoco está firme su realización. Y el temario viene caliente. No en vano el primer punto es la suspensión o no de las primarias obligatorias (Paso).
Ante esta situación, los empresarios se están moviendo con legisladores y gobernadores para intentar que el tema, en un decreto complementario, vuelva a agenda. Incluso, algunos estuvieron buscando jurisprudencia y detectaron casos en los que se pudieron tratar en extraordinarias cuestiones no pedidas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Los legisladores santafesinos opositores, como Enrique Estévez y Luis Contigiani ya se pronunciaron a favor. También los legisladores que responden a Roberto Lavagna. Incluso, el diputado nacional oficialista Marcos Cleri le transmitió a los empresarios su apoyo, pero -en el marco de las crecientes divisiones internas- prefirio moverse con cautela hasta ver qué pasó en el seno del justicialismo para que una ley que venia con impulso de Cristina haya quedado cajoneada. Los industriales del biodiesel ahora están esperando que el gobernador Omar Perotti y su minstro de Producción, Daniel Costamagna, también sumen su apoyo.
Los legisladores de la oposición, como Enrique Estévez y el Luis Contigiani, ya se pronunciaron en defensa de la industria santafesina de los biocombustibles. Los empresarios esperan ahora el pronunciamiento del gobernador Perotti.
En las empresas de biocombustible ven la mano de las petroleras detrás de la jugada. ¿Por qué? Es que las petroleras no quieren que le regulen a quién comprarle el biodiesel y, sobre todo, prefieren que el precio se fije libremente. Pero además rechazan la prohibición de que la empresa que mezcla el bio con las naftas no puedea ser también productora y abastecedora. En definitiva, quieren ser parte del negocio y al mismo tiempo un escenario normativo que les redunde en mejores condiciones comerciales para su abastecimiento.
En ese contexto, la versión que corre es que las petroleras buscan que la prórroga sea de un año para que el gobierno encare una reforma que para 2022 esté operativa. Y es que Kulfas, dentro de un esquema en el que el Estado sigue regulando (como prefieren las firmas bio) busca que la nueva regulación también incluya a las petroleras no como meros compradores.
No en vano el ministro -que busca conciliar intereses- acomodó el actuál sistema repartiendo beneficios y costos. Ya que luego de no haber actualizado casi los precios en todo su mandato, concretó este mes la demorada actualización de precios pero al mismo tiempo bajó el porcentaje del corte obligatorio para también tener un gesto con las petroleras, que rechazaban el aumento de costos que les significaba tener que pagar más caro el bio tras varios años de abastecerse barato.
