Para el común de los santafesinos pasará desapercibido, pero a partir del primer minuto de este lunes se abre la posibilidad de que empiecen a concretarse cambios que la política, la Justicia provincial y distintas instancias de la sociedad le venían reclamando a la Justicia penal federal de Rosario.
Mientras la Justicia federal se llevará todos los flashes este lunes por la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, con la presencia incluida de ministros del Ejecutivo y de la Corte Suprema nacional, en la Justicia provincial aguardan por novedades sobre las reformas que la Casa Gris tiene en gateras, desde la renovación de la Corte santafesina hasta la reglamentación de selección de jueces y fiscales y los nuevos concursos. Contra lo que se esperaba, el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones ordinarias ante las cámaras legislativas no aportó novedades, a excepción del elogioso agradecimiento por la labor de la fiscal general María Cecilia Vranicich y la mención estrictamente protocolar del presidente de la Corte Rafael Gutiérrez. Una gestualidad acentuada que representa el momento que viven las relaciones político-institucionales entre el Ejecutivo y los principales actores del Poder Judicial.
Un efecto que tuvo ese discurso fue el de sacar del silencio autoimpuesto al ex gobernador Omar Perotti, quien no por su boca, pero sí a través de sus exministros, mandó a contestar con el escaso poder de fuego que le quedó, el inventario de herencia que expuso Pullaro, que habló de forma crítica de déficit, empresas públicas desfinanciadas e incremento de la planta de personal. Pero Pullaro en ningún momento personalizó en Perotti, como sí ocurría en los tiempos que era diputado primero y candidato luego. El perottismo salió a dar su versión de las situaciones expuestas en el mismo tono. Lo puso en el terreno de “omisiones” o “distintas interpretaciones”. Entendieron que si el gobernador habló de la herencia recibida no era para disputar con su antecesor, sino para delimitar el contexto en el que se desarrolla ante los ojos de los santafesinos la disputa con los sindicatos estatales.
Sindicatos en pie de guerra
Los sindicatos estatales se abroquelaron y van al paro. ATE, UPCN; Amsafé, Sadop y Siprus paran el miércoles 8 y adhieren a la huelga general de la CGT el jueves 9. Todos consideraron insuficientes los aumentos salariales propuestos para abril y mayo.
Los docentes de Amsafé marcaron un posicionamiento más crítico y amplio que el resto: rechazo al aumento salarial, pero también a “cualquier cambio en el sistema previsional” y al premio por Asistencia Perfecta.
Esta última iniciativa del gobierno de Pullaro lastima a Amsafé más que al resto de los gremios estatales, porque compromete el paro como herramienta de lucha gremial. En el peor de los casos, a los afiliados de ATE y UPCN el gobierno podría descontarles el día; pero para un docente implica además la pérdida automática del premio por asistencia perfecta.
Por eso el secretario general Rodrigo Alonso fue tan enfático al mostrar el resultado de la asamblea provincial, donde la moción de paro se impuso por una diferencia abrumadora, como una “demostración de fuerza”, de que la pérdida del premio económico prometido no es un obstáculo para seguir usando el paro como herramienta de lucha salarial.
Ambas partes saben que se inició una carrera de resistencia, a ver quién se desgasta más. El gremio parará 48 horas esta semana y 24 la próxima. Dentro de diez días, cuando las partes vuelvan a negociar, habrá otros elementos sobre la mesa: se verá si el premio por asistencia limó el nivel de acatamiento de los paros como espera el gobierno.
Una fuente muy cercana al gobernador ilustró el pensamiento que guía las acciones de la Casa Gris. “No vamos a aflojar ni un centavo más de lo que podemos. Les explicamos a la sociedad la situación, y tenemos claro que a nosotros no nos votaron para pagar sueldos a los empleados públicos, sino para dar seguridad, educación y fortalecer la producción creando para crear puestos de trabajo. Pero a los empleados de Santa Fe se les paga más que en otras provincias y con el ahorro en el ausentismo incrementamos un cuarto la masa salarial”.
Ante la asamblea legislativa, Pullaro enumeró las medidas de recorte de gastos que dispuso, desde combustibles a alojamiento tres estrellas como máximo confort para los funcionarios que viajan, entre ellas.
Sin embargo, por el peso que tiene en el gasto público, lo significativo es lo que se juega en las paritarias de empleados públicos, las cuales se suceden al ritmo estresante del mes a mes. Como dijo un ministro: “Es tanta la incertidumbre que el ofrecimiento salarial termina siendo el precio que el gobierno está dispuesto a pagar para evitar el conflicto”. La era Milei tiene particularidades pocas veces vistas.
Como parte de la misma película de control de gasto, Pullaro abrió la discusión sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones. El gremio docente ve ahí una amenaza sobre el régimen especial de jubilación del sector, lo que se suma a la pelea salarial y al rechazo del premio por asistencia. La multiplicidad de frentes obliga al gremio a ir a la pelea en bloque y no tema por tema, a diferencia de ATE y UPCN, que con menos presión encima priorizaron conseguir sillas en la comisión que analizará la reforma del sistema previsional antes que levantar trincheras.
El déficit previsional de Santa Fe no es solo un problema de Pullaro y el ministro Pablo Olivares. Los gremios saben que el sendero de ese rojo está mapeado hace mucho tiempo y que a la corta o la larga lo que no se aborde hoy lo pagarán los jubilados del mañana, con más riesgo para los regímenes especiales que cada subsector busca conservar.
A eso se le suma la variable Milei, que cortó los pocos adelantos de fondos previsionales a las provincias. El presidente no desconoce la deuda de fondo, pero de ahí a que la pague puede pasar una eternidad, cosa que no ocurre con las jubilaciones provinciales, que se pagan sí o sí cada mes.
Sobre el tema, la definición más importante del gobernador en su discurso ante la Legislatura fue conservar la Caja de Jubilaciones en la órbita provincial. La contrapartida es que los empleados públicos deberán ofrendar algún sacrificio para frenar el deterioro de los números. La dimensión de ese sacrificio quiénes, cómo y cuánto, lo empezará a delinear la comisión legislativa que ya votó el Senado.
“Estamos pensando en los jubilados del futuro”, dijo Pullaro. El mensaje no pasa desapercibido en las escuelas, comisarías, hospitales u oficinas de cualquiera de los tres poderes, donde en las últimas dos semanas quienes están cerca de acceder a la jubilación empezaron a pedir el informe a la Caja y a notificar la decisión de acogerse al retiro.
En el Poder Judicial, el subsector más expuesto porque ostenta el mayor déficit entre las contribuciones de sus activos y las jubilaciones que se pagan a sus pasivos (llega al -47% según las autoridades de la Caja) se conocieron decisiones en ese sentido de jueces y camaristas que ya tienen la edad y los años de aportes. Magistrados y magistradas que cumplen con los requisitos prefieren jubilarse con las condiciones actuales antes que arriesgarse a condiciones menos ventajosas en poco tiempo más.
Justicia federal de Rosario
Se le debe reconocer al actual gobierno nacional que este lunes 6 de mayo entre en vigencia sin más rodeos el nuevo Código Proceso Penal Federal en la jurisdicción de Rosario. Más precisamente a la tajante resolución del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el acompañamiento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Desde que están en sus cargos ambos se ocuparon de Rosario, se reunieron con jueces y fiscales, escucharon y coordinaron, la mayoría de las veces sin que trascendiera.
El gobierno de Alberto Fernández tuvo la oportunidad de hacerlo, pero se fue en promesas y discursos vacíos. Sí se logró en 2022 que el Congreso aprobase la ley de fortalecimiento, que puso a la Justicia federal de Santa Fe en mejores condiciones objetivas en materia de cargos de empleados, jueces, fiscales y defensores para cuando llegara este momento de arrancar con el sistema acusatorio.
A esa estructura mucho más sólida, que reemplaza a la que permaneció casi sin alteraciones durante cuatro décadas, se agrega la llegada de la ley de narcomenudeo a Santa Fe por lo cual las pequeñas causas por drogas se las llevan los tribunales provinciales.
La estructura de la Justicia federal ahora es holgada, ya no es raquítica. Menos carga laboral, más tiempo, recursos y disponibilidad para meterse en todo aquello que se le reprocha que no hizo estos años: investigar las grandes estructuras de narcotráfico y a los agentes estatales que intervienen, así como los delitos complejos vinculados, por ejemplo el lavado de activos.
Por lo tanto, la voluntad política de avanzar será determinante. “El éxito del nuevo sistema se va a medir por la envergadura de los actores que veamos como acusados en las audiencias”, sostiene un fiscal con mucho ejercicio en la investigación de las bandas criminales de la zona de Rosario y otros delitos complejos.
En eso tendrá un rol clave el Ministerio Público Fiscal, que llega al inicio del sistema acusatorio en buen momento, dicen quienes conocen de cerca la Justicia Federal, con una estructura afianzada y cambios en el espíritu y las formas de trabajar que después de dos o tres años empiezan a dar frutos.
La nueva etapa comienza a desandarse el primer minuto de este lunes. No es una vuelta de página completa, porque hay continuidades, no todas felices, pero el sistema acusatorio al menos es público, visible y adversarial desde el inicio mismo del proceso. El futuro dirá si la presencia en Rosario de ministros nacionales y jueces de la Corte Suprema nacional es solo para la foto o si fue el principio de un cambio real.
