La diputada provincial Alicia Gutierrez, por el partido Solidaridad e Igualdad (SI) (Frente Progresista), salió al cruce de los legisladores del Movimiento Evita que la semana pasada denunciaron penalmente a los funcionarios que intervinieron la Mac de Luis Medina –el empresario asesinado en el acceso sur junto con su novia y vinculado a las redes narco de la provincia– e incluso exigieron investigar al ministro de Gobierno, Rubén Galassi para determinar su responsabilidad en la manipulación de la evidencia. “Así le hacen juego a los narcos”, disparó la legisladora que acusó a sus pares de “querer embarrar la cancha” y buscar un rédito político en lugar de ayudar a esclarecer lo sucedido.

En diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Gutiérrez no descartó que existan complicidades entre policías y delincuentes –“Para que estos delitos existan, tienen que haber quien deje hacer”, apuntó–, pero señaló que en este caso particular, los diputados Mariana Robustelli, Gerardo Rico y Eduardo Toniolli sólo buscan llevar agua al molino propio.

Los acusó de querer sacar una tajada política de la situación al “desviar la atención” nuevamente hacia la ultrabook en vez de apuntar contra el asesino y las razones que motivaron el crimen; lo que, en opinión de Gutiérrez, es lo más importante.

“Esa discusión ya terminó, porque la pericia de la justicia federal dice que la información (de la computadora) no fue modificada, ni tocada”, recordó y cuestionó el conocimiento que los diputados tenían sobre la causa cuando, en realidad, está bajo secreto de sumario.

“Es grave tener acceso a información que no es pública”, evaluó y recomendó: “Hay que dejar que la Justicia actúe”.

Poco antes,Robustelli había defendido la presentación judicial del lunes pasado.

Señaló que el secretario de Tecnologías para la Gestión, Javier Echaniz y su subsecretario, Martin Degrati; cometieron delitos, al igual que la magistrada María Luisa Pérez Vara. Los primeros por haber manipulado evidencia sin permiso; y la jueza, por haber abandonado sus tareas. También acusó a la policía de no cuidar las pruebas.

“Los delitos los cometieron funcionarios provinciales, que conocen la ley y que se tiene que mover en ese sentido”, se quejó.