A un año del doble asesinato de Luis Medina y su novia, Justina Pérez Castelli, la fiscalía avanza a paso firme en una hipótesis. La Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en otras dos. El crimen despertó todo tipo de versiones, e incluso sospechas que se tradujeron en denuncias contra funcionarios del propio gobierno provincial por supuesta adulteración de evidencia. También se habló de un presunto financiamiento por parte de la víctima a las campañas del socialismo en Santa Fe con dinero del narcotráfico. Sin embargo, la fiscal a cargo, Cristina Herrera, dijo que no trabaja sobre el tema narcotráfico porque no es su competencia (corresponde a la Justicia federal) y señaló que está cerca de conocerse por qué lo mataron.
En diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Herrera aseguró que la hipótesis de la fiscalía está muy avanzada aunque advirtió que aún resta evidencia por procesar. Pese a que sobre su investigación rige el secreto de sumario, descartó que las pistas que maneja hayan vinculado la muerte de Medina con una sanción del mundo criminal.
En este sentido, la fiscal reconoció que no tiene material suficiente para probar esta línea de investigación que, no obstante, sí analiza las TOE. Medina, conocido por su intento de abrir el boliche Esperanto en Rosario también era mencionado como narcotraficante.
“Se dicen muchas cosas –observó–, no nos consta que trabajara para nadie”.
Otra de las tantas cosas que se dijeron –y que despertó el enojo de la intendenta rosarina Mónica Fein– fue que Medina aportaba recursos al partido de la rosa. La denuncia salió de boca de la propia madre de la víctima, Ana María Frascona.
A fines de septiembre se conoció que Frascona, junto con la mamá de Pérez Castelli, Silvia Fuster, apuntó lazos estrechos entre el bolichero y el PS ante los legisladores de la comisión que investiga si existió manipulación de evidencia de parte del socialismo en el caso.
La comisión se había formado a principios de año cuando los diputados del Movimiento Evita, Mariana Robustelli, Eduardo Toniolli y Gerardo Rico, denunciaron penalmente al secretario de Tecnologías para la Gestión, Javier Echaniz y a su subsecretario, Martin Degrati por haber manipulado la computadora personal de la víctima sin permiso; y a la jueza María Luisa Pérez Vara por haber abandonado sus tareas. También acusaron a la policía de no cuidar las pruebas.
Aquel 29 de diciembre, la ex titular de Instrucción Nº 5 no pudo ser ubicada. Según el informe sobre la ubicación de su celular personal, habría viajado mientras estaba de turno a Cariló en los últimos días de 2013. Fue en su ausencia que los funcionarios de la administración de Antonio Bonfatti, tuvieron acceso a la notebook de Medina. Como los oficiales de turno no sabían como desbloquear la Mac, habrían solicitado su intervención. El hecho es aún materia de investigación en la Justicia que aceptó en junio último a Robustelli, Toniolli y Rico como querellantes.
Cristina Herrera (Radio 2)
