El gobierno nacional declaró este martes la emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina, por el plazo de un año, con el objetivo de revertir la “situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico. La resolución incluye un fuerte control del espacio aéreo. En Santa Fe ya rige una medida similar hace más de tres años, sancionada por la anterior administración provincial.

La emergencia nacional, que se conoció por la tarde y puede ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que establece el decreto, "va en sintonía con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves", indica un comunicado distribuido en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno y reproducida por la agencia Télam.

El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código).

Del mismo modo se refiere a los delitos relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal).

Además consigna los delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (ley 26.364).

Convocarán a personal retirado

El gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.

También concede la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.

Crea además el gabinete de Seguridad Humana que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia.

Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.

También, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.

“Operativo Fronteras”

A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.

También dispone el levantamiento del secreto militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014.

El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino.

Serán declaradas “hostiles” aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional.

En Santa Fe ya rige

La ley provincial de emergencia en seguridad fue sancionada hace más de tres años, en noviembre de 2012, por la Legislatura santafesina y promulgada por el Ejecutivo provincial un mes después, con algunas modificaciones.

Entre otros aspectos, la norma faculta al gobierno santafesino a “reajustar los recursos y disponer todo lo conducente para reestructurar y organizar la policía de la provincia en unidades territoriales más pequeñas, constituir un Cuerpo Táctico Unificado y una Dirección General de Investigaciones de carácter provincial”.

Además, contempla la posibilidad de “instaurar responsables distritales de seguridad, fomentar la participación ciudadana en la selección de las autoridades, incrementar la injerencia de los gobiernos locales, y tomar todas las medidas administrativas necesarias para que las áreas de Personal, Logística y Gestión de los Sumarios Administrativos pasen a depender directamente del Ministerio de Seguridad”.