Dante Leguizamón, periodista de Córdoba, llegó a su casa el viernes 15 de agosto a la noche, después de cubrir un operativo policial en un barrio. Contó desde su cuenta de Twitter que los vecinos denunciaban una “brutal” acción por parte de los agentes. Recordó que se trataba del mismo lugar en donde un joven murió en un supuesto caso de gatillo fácil. Recibió después de ese mensaje en la red, 14 llamados del jefe de la Policía a su celular. Además, el comisario fue a buscarlo, con dos escoltas, al canal de televisión donde trabaja. No lo encontró y amenazó a sus compañeros. También lo acusó de mentiroso desde la cuenta oficial de Twitter. Cuando Dante finalmente atendió su teléfono, escuchó del comisario Julio César Suárez: “Si no te juntás conmigo yo me voy a encargar de vos”. Aquella medianoche, aún aturdido por el día agitado, sentado en la mesa de su casa junto a sus tres hijos, Dante vio desde la ventana las sirenas de patrulleros que pasaban por la calle. Su calle. Uno, dos, tres; contó cuatro móviles. “¿Para qué hago esto?”, se preguntó.
“La verdad es que me sentí desprotegido. Decidí realizar la denuncia penal y hacerlo público pero hay que organizarse”, afirmó a Rosario3.com Leguizamón, el periodista de 40 años que participó este miércoles en Rosario del “Pre encuentro federal de periodistas de Policiales y Judiciales: violencias urbanas, territorio, justicia y sociedad”. Compartió su experiencia y contó que tras la denuncia al jefe de la Policía, se inició una causa por “coacción” que avanza en la Justicia de Córdoba (ver denuncias). Él rechazó la custodia oficial y pidió cobertura de sus colegas en los distintos medios de la provincia. Decidió rodearse.
[Ahora] Vecinos denuncian Brutal operativo de @PoliciaCbaOf c tiroteos a inocentes en Barrio Los Cortaderos. El barrio de Guere.
— Dante Leguizamón (@DanteLeguizamon)
agosto 15, 2014
El caso de Leguizamón no es único, ni aislado. El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) reunió más de 15 casos por amenazas o agresiones contra periodistas en la ciudad. El más grave: las llamadas anónimas a Germán de los Santos, por sus investigaciones sobre el accionar narcocriminal, con vínculos policiales.
Aunque con matices, la situación del periodista de La Nación, El Litoral, Cruz del Sur y Radio 2 se vincula a la de Leguizamón en Córdoba y a muchos otros casos, incluso los que no se conocen por elección de la víctima. El factor en común es no saber qué hacer, cómo reaccionar, a quién acudir, en dónde refugiarse.
El SPR tomó nota del problema y organizó junto al director de Infojus (portal de noticias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), Cristian Alarcón, el pre encuentro para pensar en un protocolo de acción, para las víctimas, para las organizaciones de prensa y el colectivo que sufre ante el crecimiento de la violencia urbana.
Eso sí, aclaró el propio Alarcón: “La situación en Rosario y en el país es sumamente larval. Es necesario tener una posición activa y armar estrategias de acción pero lo que ocurre es incomparable con los niveles de violencia de otros países, como México o Colombia”.
El autor de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés, quereme transa señaló que en la protección de los periodistas se debe involucrar también a las empresas de medios y a los Estados provinciales, no solo en su rol de garante de la seguridad y la prevención de incidentes, también con medidas para mejorar el acceso a la información policial.
Panel y protocolo
Cerca de las 14 en el Centro de Formación Profesional Pichincha del Sindicato de Prensa, Santiago 146 bis, comenzó el panel debate con Alarcón, Leguizamón (Canal 10, Radio Universidad y CBA 24N, Córdoba), Martín Ale (subdirector Infojus Noticias), Sebastián Hacher (jefe de redacción Infojus Noticias), Elena Corvalán (directora de Radio Nacional Salta), Rolando López (jefe de Policiales del diario Los Andes, Mendoza), y la coordinación de la periodista local Silvina Tamous. También estuvieron presentes colegas de la ciudad de Santa Fe y de Tucumán.
Alicia Simeoni, responsable de la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del SPR, anticipó que la idea es comenzar el debate en la ciudad y avanzar el año próximo en un encuentro más amplio para definir un protocolo de acción federal.
En la charla de este miércoles, ya surgieron algunas puntas. Elena Corvalán, “periodista de frontera” en Salta, en la zona donde se realizan los mayores secuestro de droga del país, contó -por ejemplo- que ella tomaba como medida de seguridad básica siempre ir acompañada por una persona local, conocedora del territorio. Recordó también que estuvo con custodia policial por amenazas y advirtió el riesgo de naturalizar ese tipo de situación.
Alarcón, en base a experiencias de otras organizaciones, como la Asociación de periodistas de a pie, sugirió desdoblar las medidas de seguridad en distintos ítems. Física: llevar un registro de contacto con las fuentes para que quede constancia de los movimientos del periodista, que su jefe o sus compañeros puedan saber dónde fue. Legal: tener un abogado que sepa qué hacer. Emocional para poder manejar el miedo. Digital: por ejemplo no descuidar las contraseñas de los correos ni ser vulnerables a hackeos de los soportes con información sensible.
Otro de los puntos que el director de Infojus mencionó es el de la seguridad profesional: mientras mayor sea la calidad periodística del trabajo -no cometer errores con datos o nombres, ni ser víctima de operaciones- menores serán los riesgos. En México, por ejemplo, los medios de investigación concluyeron que la mejor protección contra los narcos era investigar mejor. Por último, la seguridad política. “Esto que estamos haciendo”, graficó Alarcón.
El caso de Leguizamón
