Sancionar una ley para regular las aplicaciones de agroaquímicos en los campos santafesinos parece una misión imposible. Este jueves la Cámara de Diputados provincial volvió a postergar su tratamiento, en este caso una semana más.

Afuera del recinto, movimientos ambientalistas reclamaron la sanción de uno de los dos proyectos en debate, el de José María Tessa, que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres a 800 metros de distancia de puntos urbanos y a 1000 metros de escuelas rurales.

Sin embargo, la iniciativa de la socialista Inés Bertero, mucho más flexible en su regulación, era la que contaba con mayores chances de obtener media sanción. Esa alternativa prevé un máximo de 200 metros sin agrotóxicos y que las aplicaciones estén supervisadas por un ingeniero agrónomo.

Ese proyecto obtuvo el dictamen mayoritario en la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras que el de Tessa salió en minoría. Por eso, el planteo de las organizaciones este jueves fue -al menos- evitar que el texto del oficialismo prospere. Presentaron una nota ante la comisión solicitando el rechazo del proyecto de reforma presentado por Bertero “porque es regresivo y violatorio de los derechos fundamentales del ser humano y de los seres vivos, de la Vida, la Salud y el Ambiente”.

Paulina Riera, titular de la Asociación de Defensa Ciudadana, acusó este jueves a la diputada Bertero de “sojera” y sostuvo que “tiene intereses personales, económicos, en juego”.

“No es justo que simplemente se alejen las fumigaciones entre 100 y 200 metros (si existe una protección arbórea)”, dijo a LT10 y añadió: “Alejan las fumigaciones aéreas pero no las prohíben, entonces invalidan la posibilidad de hacer agroecología, porque lo que se larga al aire llega a todos lados”.

“Es mentira el argumento de las ‘buenas prácticas’ -continuó-. No se puede controlar el aire, y cuando cargan el avión con pesticida y cambia la dirección del viento no lo descargan y lo vuelven a poner en los bidones: fumigan igual”. 

Las iniciativas en discusión vienen a reemplazar la ley vigente 11.273 que ordena "un radio de 500 metros" libre de agroquímicos. No es la primera vez que fracasa el tratamiento del tema. En 2013, Tessa ingresó un proyecto similar que dos años después perdió estado parlamentario por falta de tratamiento.

El legislador de Nuevo Encuentro resumió así la disputa: “Se trata de cambiar el modelo productivo, no de dejar esos terrenos improductivos. Pasar de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y no contaminen”.