El diputado provincial José María Tessa aseguró que el próximo jueves pedirá a sus pares en la Legislatura que se defina "de una vez" el debate por la nueva ley para regular las fumigaciones y el uso de agroquímicos en Santa Fe. Advirtió que en caso de no sancionarse su iniciativa el reclamo continuará porque "hay sensibilidad social y conciencia sobre el tema". Además, lamentó la muerte de un operario que manipuló fosfina en María Juana y cuestionó "no hay decisión para controlar".
El legislador de Nuevo Encuentro recordó que existe otro proyecto, de Inés Bertero, y que no hubo consenso para unificar los textos porque tienen "muchas diferencias", sobre todo en dos puntos. Su iniciativa prohíbe las fumigaciones aéreas y para las aplicaciones terrestres pone como distancia mínima 800 metros de una zona urbana (mil metros en el caso de escuelas rurales), mientras que la oficialista permite las aplicaciones con avionetas desde 1500 metros y, por tierra, desde los 100.
"Es un tema complicado, con muchos roces e intereses porque estamos en una provincia agrícola. Nuestro proyecto persigue el principio fundamental de la vida y existen demasiadas muestras de que los agroquímicos dañan la salud", afirmó Tessa a Rosario3.com.
El diputado prefirió no centrar las resistencias en un "lobby sojero" pero precisó que entre los que se oponen prima "el criterio de la rentabilidad". Son miles de hectáreas de las franjas periurbanas que quedarían alcanzadas por la norma. Sólo en San Genaro, donde se aplica un principio similar por un acuerdo impulsado por el concejal Ernesto Salto, más de 300 hectáreas quedaron bajo protección y se utilizan para producciones agroecológicas.
"No pedimos que las tierras queden ociosas sino cambiar los modelos de producción. Al menos en esas zonas hacer huertas, granjas, producciones sanas al lado de las poblaciones, que además han demostrado tener la misma rentabilidad", añadió Tessa.
Los que terminan fumigados son los más pobres, ¿o quiénes viven en las periferias de los pueblos y las ciudades?”
"El problema es que no hay decisión para controlar. Los que terminan fumigados son los más pobres, ¿o quiénes viven en las periferias de los pueblos y las ciudades? Son los más pobres, los que vienen del norte y se instalan donde pueden, a ellos los fumigan", interpeló.
El tema se iba a votar hace dos semanas pero tras un pedido del colectivo Paren de fumigarnos se pospuso (se estaba por aprobar la iniciativa de Bertero). El jueves que pasó tampoco se trató. "La próxima semana voy a pedir que salga de una vez, por sí o por no", adelantó el diputado.
Caso fatal y denuncia en María Juana
La muerte de un operario de la cerealera Agricultores Federados Argentinos (AFA) en María Juana, por presunta intoxicación con fosfina (fosfuro de aluminio) en esa planta, demostró la gravedad del uso de tóxicos sin controles. "La fosfina está prohibida y la usan lo mismo. Acá también hay responsabilidad de quién la vende, y ese es otro de los puntos que fija nuestro proyecto: que los agroquímicos no sean de venta libre", dijo Tessa.
Horacio Brignone, vecino de esa comuna santafesina e integrante de Paren de fumigarnos, recordó que seis meses atrás hubo una "explosión en los silos de AFA".
“Ese día avisaron a los vecinos de cerrar puertas y ventanas. La fosfina cuando entra en contacto con agua puede ser explosiva. Nosotros denunciamos que seguían usando esa sustancia que está prohibida, figura entre las más tóxicas, pero no cambió nada y después tuvimos esta muerte", señaló a Rosario3.com.
"Los empleados la manipulan con un barbijo común y nada más, la llevan a mano limpia pero cuando una pastilla entra en contacto con humedad despide un gas y eso fue lo que pasó", agregó el militante ambiental con respecto al caso de Roberto Poli, un trabajador que falleció a fines del mes pasado y que su familia presentó una denuncia por la responsabilidad de la firma cerealera. Según publicó La Capital, especialistas del Centro Nacional de Intoxicaciones confirmaron que los síntomas de la víctima eran compatibles con intoxicación por fosfuro de aluminio.
Brignone criticó a las autoridades locales y provinciales por la falta de inspecciones y sanciones a la cerealera, que tiene un planta de silos importante en la pequeña localidad. "Nosotros vamos a seguir denunciando estas cosas pero no sabemos qué va a pasar con la ley. Sería un retroceso que salga la iniciativa de Bertero porque es inconstitucional y responde a los intereses de productores y las empresas", añadió.
Paren de fumigarnos pidió una audiencia a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, que sesionará el próximo jueves a las 10. Ese mismo día, según dijo Tessa, se definirían los controles y la forma de uso de los agroquímicos en Santa Fe.
