La Asociación Civil de Actividades Médicas Integrales (Acami) emitió un comunicado en el que rechazó las medidas aplicadas por el Gobierno, que le ordenó a las empresas de medicina prepaga a recalcular los aumentos en las cuotas de los afiliados, y sostuvo que de seguir así se dejará al sector en una "situación terminal".
La entidad en cuestión agrupa a instituciones prestadoras y financiadoras del sector de la salud privada sin fines de lucro, como el Cemic, Fundaleu, Instituto Fleming, Clínica San Camilo y Sancor Salud, entre otras. En su comunicado, las entidades afirmaron que el Poder Ejecutivo las habría colocado como "enemigo público" para reajustar sus aumentos y advirtieron que, en algunos casos, ya se están observando renuncias de médicos.
La agrupación de entidades médicas rechazó la acusación de supuesta cartelización, que fue la que originó la resolución del Gobierno y su posterior accionar en la Justicia, que agregó el concepto de incrementos excesivos. "Los aumentos de las cuotas no han sido uniformes", sostiene el escrito publicado este martes. Además, se afirma que pueden ocurrir "daños irreversibles".
"El Poder Ejecutivo a través del DNU 70/2023 desreguló el sistema de salud para favorecer la libre elección e impulsar la libre competencia entre los distintos sectores. Sin embargo, si bien los principios declamados fueron bienvenidos e imprescindibles, su aplicación parcial y el retroceso que implican las últimas medidas tomadas están generando un daño al sector que posiblemente sea irreversible. En los últimos días se ha acusado a las empresas de medicina prepaga de la salud de cartelización, colocándolas en el lugar de enemigo publico", comienza planteando el comunicado de la entidad, titulado "La salud necesita más libertad, con un marco jurídico justo y estable".
Luego, agrega que "el peso de la carga impositiva que soporta el sector, que bajo las circunstancias actuales se torna impagable, requiere de una salida específica y cuidadosa para no dañar un sistema totalmente distorsionado". Y señala que, agregado a esto, el incremento de los insumos médicos y los "merecidos" ajustes salariales para los trabajadores de la salud llevaron a una "situación terminal"
"Los aumentos en los aranceles prepagos, a pesar de su impacto en el bolsillo de los afiliados, no llegan a recomponer años de atrasos, ocasionados por la regulación de la medicina privada existente desde 2012 a 2023", expresa el comunicado. En ese período, se agregaron a la cobertura más de 100 leyes que obligaron al sistema a cubrir el tratamiento de enfermedades sin definir la contrapartida para su financiamiento, según se añade.
Renuncias y "estado de indefensión"
En cuanto a la situación de los prestadores, la entidad apunta que recibieron incrementos muy inferiores, "imposibilitándoles enfrentar los aumentos de insumos médicos, los alimentos, la energía, los honorarios médicos y los salarios de los trabajadores". A raíz de ese desequilibrio, se apunta, se dan situaciones de "renuncia de valiosos profesionales de la salud, ya sea médicos o no médicos, que abandonan sus puestos para intentar otras alternativas que les mejoren su calidad de vida". "Por todo lo expuesto, retrotraer los aranceles, fijando en última instancia un marco regulatorio para adelante y para atrás, afecta el marco jurídico y la libertad de las entidades establecida en nuestra Constitución Nacional y pone en estado de indefensión a la totalidad del sector de la medicina privada, exponiéndonos al incumplimiento de los compromisos asumidos y los futuros con el perjuicio para las entidades de salud, sus equipos y, finalmente, para los pacientes que se desea proteger", resalta el texto de Acami. Como solución, la entidad reclama "más libertad" tanto para fijar libremente sus precios como para definir sus planes de cobertura, dado que "hoy el Estado limita prácticamente a ofrecer una sola opción, el Programa Medico Obligatorio (PMO)". En caso de cumplirse esas condiciones, sostienen que "en un mercado con tantos actores y competidores, quien abuse de su mejor posición relativa quedará fuera de mercado". "Resulta imprescindible avanzar en un Plan Nacional de Salud que sea solidario, accesible, equitativo y sostenible, bajo la supervisión de las autoridades, con un marco jurídico claro y estable que evite su desnaturalización, donde la medicina privada sea una opción complementaria a las responsabilidad primaria e indelegable que tiene el Estado no solo sobre la rectoría, sino también sobre la cobertura efectiva de la salud de los 47 millones de habitantes de nuestro país", se explica. La entidad también pide libertad para poder adquirir sus insumos a valores internacionales "permitiendo la libre competencia entre los proveedores nacionales y extranjeros", y para poder acordar "modalidades de remuneraciones de acuerdo con las distintas realidades que se viven en el sector".
