Mientras la administración encabezada por Javier Milei se vanagloria de los resultados fiscales obtenidos en el primer bimestre del año, en los que ha logrado el mayor recorte interanual del gasto público en las últimas tres décadas, algunos sectores de la población que han sufrido ferozmente las consecuencias del paso de la motosierra se lamen las heridas, mientras se preparan para afrontar la larga lista de aumentos que seguirán inflando su costo de vida.
Uno de ellos, de los más indefensos del tejido social, es el de los jubilados, que observan con perplejidad cómo les ha tocado cargar sobre sus hombros el 43% de la reducción total del gasto real ejecutada en los primeros dos meses del año por el gobierno, dato que se desprende del informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que también apunta la poda en las transferencias a las provincias, al PAMI y a las universidades como razones del superávit de la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.
El término que se ha utilizado durante esta última semana para explicar la pérdida del poder adquisitivo de las personas retiradas del sistema laboral fue el de “licuación” de los ingresos, aunque para los jubilados no sea algo novedoso: “Desde 2008 para acá, tuvimos una fórmula de movilidad jubilatoria distinta para cada presidente, y los jubilados siempre perdieron al lado de la inflación e incluso de los salarios formales, que los trabajadores activos van logrando empardar con las paritarias”, dijo Érica Telo, abogada y asesora en Seguridad Social.
El tema es que con la devaluación de fin de año pasado y la inflación acumulada de diciembre hasta acá, a los jubilados les tocará afrontar el ajuste en sus bolsillos con una mínima de $204.445, monto al que llegarán mediante el 27,18% de aumento que otorga la ley de movilidad actual más un bono de emergencia. Hasta el FMI se asustó: el organismo, adepto a las motosierras o cualquier otro elemento de poda del gasto público, pidió encarecidamente que haya “esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras". Algo así como “piensen en los pobres y los jubilados, por favor”.
Telo, también profesora de la Facultad de Derecho y Coordinadora del CEYDSS (Centro de Estudio y Debate de la Seguridad Social) de la UNR, admite que “todos los índices y mediciones están alrededor de ese porcentaje de licuación, pero lo peor es que cuando uno proyecta lo que pasará si sigue vigente esta ley, las jubilaciones van a ir perdiendo cada vez más”.
Y añade: “Generalmente estas mediciones observan el haber jubilatorio mínimo, pero cuando hacemos la misma proyección con las jubilaciones más altas, nos encontramos con que ese porcentaje crece. Es muy preocupante, porque si bien el gobierno viene dando desde septiembre de 2022 bonos para paliar la inflación, no está alcanzando para equiparar la enorme pérdida de los jubilados”.
Los que pierden siempre
Pasar del campo laboral al del retiro, que en Argentina pueden tramitar las mujeres de 60 años y los varones de 65 luego de tres décadas de aportes, significa todo un cimbronazo para la economía personal de los flamantes jubilados. “El trabajador que se retira, primero va a tener una fórmula de actualización que tenga en cuenta los últimos diez años de su remuneración, que ya tendrá un desfasaje. Y después irá ajustando por la ley de movilidad, que fue cambiando según el presidente de turno con algo en común: todas le provocaron a los ingresos de los jubilados un rezago en cómo movilizaban”, subraya Telo.
¿Cómo se calcula el haber jubilatorio inicial? “Hoy en día el haber jubilatorio es el 60 o 62% de lo que la persona trabajadora estuvo ganando en los últimos 10 años, si mantuvo el mismo cargo. Puede variar el porcentaje en la cantidad de años de aportes que tiene, porque no será el mismo para el que tiene 30 años de aporte, que el tiene 35 o el que aportó 40. Pero más o menos, el cálculo inicial es ese”, remarcó la abogada.
A partir de esa primera “derrota”, se suceden las demás: “Ya de por sí la persona se tiene que adecuar a ese cambio, porque no es lo mismo lo que le ingresaba como trabajador activo con relación a lo que va a empezar a ganar ahora como jubilado. Y a partir de ahí, le aumentarán trimestralmente un porcentaje al que se llega contemplando la recaudación de ANSES y la variación de los salarios. Ahí ya tiene que pensar que en un año va a quedar desfasado en un 20 o 22%, sin contar con que haya períodos de inflación como este”.
Y siguen las malas: “Esto sólo corresponde a una visión previsional, pero si hablamos de la seguridad social toda, también hay que contemplar la salud. Cuando un jubilado es de Nación, tiene la posibilidad de estar en Pami. Y Pami les reconoce todos los medicamentos sólo a las jubilaciones mínimas, pero no a las más altas. O sea que el jubilado que no gane la mínima, no sólo perderá en el cálculo y en la movilidad, sino también en la cobertura de los remedios".
¿Qué es una jubilación alta? "A partir de marzo, el tope de Ansés será de 904.000 pesos. Imagínense lo que debe haber ganado para llegar a ese monto, y cómo de repente le cambiará su situación si encima tiene que estar cubriendo sus medicamentos, que quizás la obra social que tenía hasta ahí se los cubría, o si quiere mantener su prepaga, que está aumentando casi un 20% desde diciembre todos los meses”, dijo.
Un proyecto para salir a flote
Esta semana se presentó en el Congreso un proyecto que se tratará en las próximas sesiones, que contempla pasar a aumentar las jubilaciones según inflación y reparar la pérdida de enero y febrero. Tras la reunión con los gobernadores del último viernes, el Gobierno aseguró que también propondrá una nueva manera de actualizar haberes, pero no dijo cómo.
La abogada Érica Telo cree que sería positivo, pero la historia reciente no le permite ser tan optimista en su implementación: “Todas las veces en que se habló de una fórmula así, que contemple la inflación, se abandonó la idea porque el estado aseguraba que no podía pagarse. Incluso, se llegó a la ley que nos rige hoy porque Alberto Fernández derogó y suspendió la ley del gobierno de Macri porque decía que contemplaba la inflación y era insostenible. A mí me parece que, mirando todo lo que está pasando ahora, es lo mejor para que los jubilados no sigan perdiendo”.
“De implementarse, esa fórmula va a solucionar en parte los aumentos de aquí en adelante. El cuerpo del proyecto de ley también dice que las actualizaciones serán mensuales, conformes a la inflación, y que empezarán a regir a partir del 1 de abril teniendo en cuenta el segundo mes inmediato anterior a la prestación que se va a actualizar, o sea que impactaría en febrero. Eso mejoraría mucho la situación de los jubilados, pero el rezago de lo que pasó antes de febrero quedará licuado”, opinó.
Y aportó: “No sé si es factible con la caja del Ansés, porque faltan aportantes para hacer estos movimientos. Ahora, ¿es mejor que lo que tenemos? Sin dudas. Siempre es mejor arrancar para que no sigan perdiendo poder adquisitivo ante la inflación, como está pasando ahora. No hay que retrasar la discusión, hay que intentar que salga cuanto antes para que en tres meses no se licúe y estemos viendo otra vez lo mismo”.
¿Salen jubilaciones por moratoria, entran planes sociales?
Finalmente, Telo dijo que no ve probable que el gobierno pueda avanzar en la idea que circuló en estas últimas semanas, de convertir en planes sociales las jubilaciones logradas con aportes hechos a través de moratorias. “Eso no lo veo factible como persona del derecho. Eso ya está, ya se dio por ley. Y de modificarse, crearía una inseguridad jurídica tremenda”.
“Después salieron a desmentirlo: yo creo que lo tiraron para ver qué pasaba. Las que están, ya están. Esto generó que el 90% de las personas adultas mayores estén incluidas en un sistema previsional”, agregó.
“Lo que sí podría pasar, y eso sí lo veo más factible, es que la movilidad sea distinta para ellos. Ya hay una diferencia dentro del régimen de jubilaciones, porque las mínimas no son iguales para los que completaron sus 30 años de aportes con moratoria. Quizás, a partir de esta diferenciación que ya se está haciendo, se podría dar una movilidad distinta. Pero no veo que puedan pasar a ser planes sociales y se vayan a una secretaría distinta”, concluyó.
