El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anunció que auditará las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado. Lo comunicó a través de su cuenta de X, ex Twitter, y señaló que se detectaron más de cien resarcimientos irregulares. Hay preocupación entre los beneficiarios por un posible corte de pago.

El funcionario anunció que dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado luego de que se detectaran “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.

A través de un comunicado, la cartera que dirige Cúneo Libarona justificó la medida a partir del procesamiento a una persona por “defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita” y en que “a su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.

“Descubrimos distintos juicios con autos de procesamientos confirmados por la Cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos haber sido víctima del terrorismo de estado”, dijo Cúneo Libarona en el canal de noticias LN+. “Y en muchos casos, más de cien, recibieron más de US$ 150.000 en concepto de indemnización”, agregó.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó: “Cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.