Ricardo Robins (ricardo.robins@rosario3.com)

La madrugada del sábado 20 de julio, a la 1.45, una moto pasó por Agrelo al 1700, barrio Alberdi, y sus ocupantes lanzaron una bomba incendiaria contra dos portones de madera que dan al frente. Los vecinos salieron para apagar el fuego desconcertados. Uno de ellos encontró en el piso un sobre, que rescató de las llamas. Contenía una carta escrita a mano dirigida al jefe de la comisaría 10ª. Leyeron nombres y apellidos, apodos y direcciones de supuestos kioscos de venta de droga, que en ese momento a ellos les dijo poco. Un tal “David Sacaría”, “Luis Medina” y “Ema Pimpi” figuraban en la lista. Después del ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, a nueve cuadras de allí, y casi tres meses más tarde de aquel mensaje de tono mafioso, los mismos nombres volvieron a sonar.

Aquella carta, que en su momento no trascendió, ahora desnuda que esa parte de la zona norte de la ciudad era una suerte de olla a presión antes del gravísimo hecho del viernes 11 de octubre en la casa de Bonfatti. Previo al ataque en calle Agrelo, el 15 de julio, ocurrió un hecho similar contra tres viviendas ubicadas por Chiclana, a metros de la seccional del barrio. Las amenazas y mensajes cruzados contra supuestos narcos y policías comenzaban a salir a luz y manifestarse en los frentes del barrio. Se tomaron entonces como hechos aislados. Pero algunos de los nombres que figuran en la carta del día 20 de julio fueron vinculados -incluso allanados- por el atentado al gobernador en Darragueira y Gallo.

En la misiva se lo señala a “David Sacaría”, quien sería en realidad Delfín David Zacarías, detenido y procesado por ser el supuesto responsable de la mayor cocina de drogas decomisada en el país, ubicada en Funes. En ese momento no era un nombre conocido públicamente. A "Luis Medina" se lo vinculó esta semana como uno de los posibles hombres detrás del ataque a Bonfatti. Un mensaje de texto enviado a la jueza Raquel Cosgaya reforzó esa hipótesis. Su abogado Carlos Varela se presentó el viernes en la Justicia para afirmar que su defendido estaba a disposición de la investigación. Por otro lado, "Ema Pimpi" es el sobrenombre de un supuesto líder narco de la zona norte, señalaron fuentes policiales. Su hermano fue el único detenido que tuvo la causa por el atentado a Bonfatti, aunque después quedó desvinculado.

“Cuando fui a la casa del gobernador el viernes a la noche del atentado me acordé de esos ataques”, reconoció el diputado nacional y habitante del barrio, Juan Carlos Zabalza. “Forman parte de una sucesión de hechos muy graves que se dieron en la zona”, agregó el legislador socialista a Rosario3.com.

Zabalza recordó que el mismo sábado 20 de julio se reunió con los vecinos afectados por el fuego. Afirmó que al igual que los de calle Chiclana fueron blancos “al azar”, destinos casuales para elevar un mensaje. “Nos reunimos con los dueños de las viviendas y también con el comisario de la 10ª (Ronald Iván Cuñé) y todo eso fue comunicado al Ministerio de Justicia”, detalló.

Kioscos, narcos y policías

La misiva anónima, escrita a mano con birome negra en una hoja tamaño carta, afirmaba que el jefe de la seccional, Cuñé (a él estaba dirigida), cobraba cinco mil pesos por mes para proteger a grupos narcos de la zona. Apuntaba además a búnkeres que funcionaban en Sorrento y bulevar Rondeau, a cargo de “Chirola”, Travesía y Pacheco, de “Jorge”, Chiclana y las vías, que atendería “Ema Pimpi” un hombre de “Luis Medina”; siempre según la carta que originó una investigación dentro de la Policía.

Otro dato llamativo es que también se adjudicaba a “La Tata” el control de un puesto de venta de drogas en Blas Parera y Calvo y otro en Boedo y Ghiraldo, y esa persona aparecía como un lugarteniente de “David Sacaría” y “la familia Cantero”. “Sacaría” sería Delfín David Zacarías, quien fue detenido y procesado por ser el organizador y financiador de una organización delictiva dedicada al narcotráfico, entre otras acusaciones. El nombre de Delfín se hizo público tras un megaoperativo en Funes realizado recién el 5 de septiembre, es decir un mes y medio después de la carta.

El clan Cantero, capos de la banda Los Monos con sede en zona sur, y la familia Zacarías, dueña de más de 20 vehículos y 40 inmuebles, son dos de los nombres que más resonaron en la ciudad en los últimos tiempos, vinculados al narcotráfico.

Ese negocio ilegal que mueve millones, aunque no necesariamente esas personas, formó parte de las hipótesis iniciales y motivaciones del atentado a balazos a la casa de Bonfatti.

El de Luis Medina se incluyó pero se mantuvo en silencio porque se trata de una persona que no tendría antecedentes ligados al narcotráfico. Sin embargo, un mensaje de texto lo vinculó a la causa. “Averiguen q Viglione (Ana, la titular de Delitos Complejos) se comprometió a hacer desaparecer el exp de L.M. No cumplió. Por eso pasó lo de Bonfatti y se la van a poner en autopista”, sostenía el SMS enviado.

El abogado Carlos Varela le comunicó a la jueza María Luisa Pérez Vara –que investiga la balacera contra la casa del gobernador– que su defendido se encuentra “a su total disposición”. Varela representa además a la familia Cantero y a reconocidos barras de la ciudad.

Un cuarto nombre de esa lista es “Ema Pimpi”, como se conoce a uno de los hermanos Sandoval. Otro de ellos, de nombre Lucas, fue arrestado el sábado pasado después de varios allanamientos en zona norte. Fue hasta el jueves el único detenido por el atentado a Bonfatti. Ese día quedó desvinculado de la investigación por la jueza. Una pericia balística sobre el arma encontrada en su casa determinó que no fue una de las pistolas que se utilizó para disparar contra el frente de la casa del gobernador.

“Cuando uno actúa genera enemigos”

El ataque del sábado 20 de julio en calle Agrelo fue el segundo de tipo incendiario contra viviendas. Cinco días antes, en la madrugada del lunes 15, tres frentes sobre Chiclana (al 600, al 700 y al 800) corrieron la misma suerte. Otra carta se dejó en el lugar para acusar al comisario Cuñé.

Desde la seccional ubicada en Darragueria al 1100 (entre Chiclana y Maciel) afirmaron que esos hechos se dieron un mes después del cambio de comisario. El subjefe de la 10ª Pablo Bagli le dijo a Rosario3.com que cuando el comisario Cuñé se hizo cargo el 15 de junio armó un nuevo equipo y realizó varios operativos en la zona.

“Esos hechos ocurrieron a las pocas semanas de que nos hicimos cargo de la seccional. Hicimos varios allanamientos, incluso aportamos datos para desbaratar búnkeres. Cuando uno actúa genera enemigos”, afirmó el oficial principal y número dos de Cuñé.

Los vecinos de calle Agrelo realizaron la denuncia en la seccional el mismo sábado 20 de julio. Según contó Bagli, desde la comisaría elevaron el contenido de la carta a distintas seccionales. "Por un lado como la seccional fue acusada en la misiva se dio curso a Asuntos Internos y la División Judiciales para que investigue. Y por el otro se aportaron las direcciones y nombres a las direcciones especializadas: la ex Drogas Peligrosas, TOE y Brigada de Explosivos (por las bombas molotov)", detalló.

“Después de eso, allanamos la casa de los Sandoval mucho antes que lo de ahora por el caso Bonfatti. Lo hicimos en julio, por un caso de una entradera. También otra vivienda de un joven ligado al grupo. Encontramos de todo: TV, dos Citroën C3, equipos de música y hasta un barco en la puerta", recordó el subjefe.

Conexiones

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la carta pudo haber sido consecuencia de una interna de la propia Policía, en este caso una jugada contra el comisario Cuñé, o de "un despechado, alguien que quedó afuera de los negocios y por eso quiso hacer público a sus ex socios, con todos los detalles".

Algunos de esos búnkeres fueron allanados, como el de Chiclana y las vías y el de calle Sorrento, aunque no necesariamente desbaratados. "Las bandas se rearman todo el tiempo", señalaron.

Los ataques incendiarios de julio y las denuncias anónimas pueden o no tener relación con el atentado al gobernador. Su peso y gravedad no son siquiera comparables. Pero no es menor que doce semanas antes del mayor ataque mafioso en democracia en Santa Fe, las calles de Alberdi ya mostraban evidencias de ser un territorio caliente. Una historia que no es ajena al recórd de violencia que hizo superar el techo de 185 homicidios en Rosario este año.